La noticia no puede ser menos que justa, cuando se tiene en cuenta que lo acontecido con Galán, con el ministro Lara Bonilla y muchos miembros del nuevo liberalismo, tiene mucho que ver con el fenómeno de cooptación del Estado por el narcotráfico, con la alianza estratégica entre la oligarquía colombiana, los capos de la mafia y el ejército, alianza que tuvo como trágicos resultados la expansión vertiginosa del fenómeno paramilitar, el desplazamiento masivo de millones de campesinos, expulsados de su tierra, ya para transformarla en sembradíos de hoja de coca, de palma africana, ya para preparar fértiles territorios de nuestra geografía y cederlos a los intereses de compañías multinacionales, para la explotación minera, petrolera o, últimamente, de caña para agrocombustibles.

 

En el ámbito político nacional de principios de los ochentas, si alguna corriente política (al margen de la izquierda democrática) combatió el fenómeno de infiltración e instrumentalización del Estado con fines delictivos del narcotráfico, esa corriente fue la representada por Galán y Lara Bonilla. De ahí el ensañamiento con que Pablo Escobar, y su empresa sicarial, arremetieron contra estos líderes de la política nacional. Es por eso que, al considerarse imprescriptible semejante barbarie criminal, que luego se convertiría en hábito delictivo en el país, se brinda un merecido homenaje a aquellos mártires de la política, demócratas empeñados en mantener el poder estatal burgués inmune al inmenso poder de las mafias que asolaban y asolan el país.

 

Además de lo anterior, la consideración de aquellos asesinatos de toda un corriente política como crímenes de lesa humanidad, y, aunque la categoría no exista, como “genocidio político”, viene a recordarnos que, en materia de derechos humanos, el poder político aún se halla en déficit frente a los avances generados en otras naciones y latitudes, pues fenómenos como estos sólo son comparables con los crímenes y genocidios perpetrados por la Alemania nazi y, a nivel regional, con las bárbaras y alevosas dictaduras del cono sur. Esto quiere decir que, si somos “la democracia más antigua de América Latina”, los resultados prácticos, los asesinatos, las desapariciones, las masacres, torturas y genocidios hablan de resultados muy cuestionables, si se comparan con situaciones de abierta dictadura y totalitarismo estatal en otros países. Ya lo decía Octavio paz: Colombia (además de México) tienen la dictadura perfecta, pues la oligarquía no ha necesitado la figura de un general enquistado en el poder para desarrollar actividades criminales que le permitan conservar y afianzar su omnímodo poder sobre la población.

 

De la misma manera, lo ocurrido al nuevo liberalismo trae a colación otro genocidio, de mucha mayor envergadura, no solo moral, sino también económica y política, y por tanto, de importancia trascendental para el desarrollo posterior hasta nuestros días. Hablamos del genocidio de la unión patriótica, mucho mayor en cifras (más de 4000) que el de los líderes del liberalismo progresista, realizados con mayor saña (involucraron desapariciones y torturas), y en cuya comprensión entra un elemento nuevo: aquí no solo se trato de exterminar un corriente que se circunscribía al ideario político afín a la oligarquía, aunque con matices de forma y un poco de fondo, no se reducía a un asunto de simple “intolerancia” frente a las diferencias en la concepción de mundo. De lo que se trataba en el genocidio a la unión patriótica era, además, de la posibilidad de desarrollar, en la práctica, una concepción nueva de la política y la economía, que en sus resultados confrontaba el modelo burgués y liberal de propiedad y acumulación privada, que, por tanto, se hallaba en franca hostilidad con intereses y privilegios económicos, políticos y militares que crecían y crecen al amparo de la protección estatal, aparente representante de los intereses generales, pero concretamente defensora de privilegios de individuos y clases específicas.

 

Si la hora de la justicia colombiana ésta madura para resarcir viejas heridas, para desocultar los móviles del genocidio acometido contra el nuevo liberalismo, bienvenida y celebrada sea en su actuar, después de 20 años de mordaza y desentendimiento práctico frente al tema. Igualmente, ya va siendo hora de que la justicia, y el conjunto de la sociedad, desentierre del cementerio de su memoria una de las páginas más amargas de su vida, las páginas, escritas con sangre, en que la posibilidad de un cambio estructural fue acallado, desaparecido, torturado y asesinado, en tandas de miles. No solo como tributo a la verdad, sino también como condición de posibilidad de encontrar rutas de cambio a una situación de enfermedad crónica en que nos hallamos actualmente, con cifras de desempleo aterradoramente asombrosas, con situaciones de desplazamiento, marginación y represión que desbordan la imaginación literaria. Por lo pronto, mientras celebramos que el magnicidio contra Galán no prescriba, dejamos constancia que el otro genocidio, el de la unión patriótica, ni prescribe ni se va de nuestra memoria.