1. Introducción:
Hablar sobre democracia en Colombia, como en cualquier otro país del mundo, nos obliga a hablar sobre un proceso imperfecto y fluctuante, decididamente sobredimensionado pero esperanzador como el que nos propone Robert A. Dahl en su texto “La democracia y sus críticos”. Este proceso se ve comúnmente afectado por la pérdida del interés ciudadano en la participación política, pero sobretodo por la falta de un verdadero proceso de educación política para la sociedad. La carencia de este proceso de educación en política para el grueso de la ciudadanía ha favorecido la aparición de movimientos sociales que reivindican el uso de la violencia como forma de expresión política y denuncia social, que pasan por alto el acto fundante del estado como un acto de negación de toda violencia no monopolizada  a favor de un fin superior estatal, de forma tal que se convierten en enemigos del Estado que los pretendía proteger.

Aunque la política de protesta resulta atractiva para una ciudadanía expuesta al abandono de sus representantes y a la degradación política y moral de la sociedad, es necesario que todas las acciones políticas se realicen dentro del marco normativo del estado y bajo ciertas condiciones procedimentales que garanticen su legitimidad. Ahora bien: ¿Es posible hacer de la política de protesta una forma de participación política activa, no violenta, legítima y legal?¿Cómo cambiar la percepción de los demás sectores de la sociedad frente a “actos de violencia” como la política de protesta en aras de su transformación en una política ciudadana y democrática?

Estas preguntas responden al juicioso planteamiento de una duda inicial sobre la plausibilidad de enmarcar la política de protesta dentro de la concepción institucional de política, o más bien, de observar la posibilidad de transformar procesos ilegítimos y aparentemente ilegales en procesos legales y legítimos.

2. Justificando la política de protesta:
¿Cuando deciden los ciudadanos abandonar la política formal?¿Qué los conduce a recurrir a prácticas efectivistas, de corto plazo? Según el estudio Harwood  estas conductas responden a “fuertes sentimientos de impotencia y exclusión, unidos a una profunda preocupación política y a un inexplorado sentido del deber cívico”. 

La no participación política, dentro de los canones regulares, no puede entenderse aquí como simple apatía, más bien responde a un orden político donde las personas no encuentran un espacio para definirse políticamente ni pueden crearlo. Esa falta de identidad política, sumada una carencia latente y radical de educación en torno a los asuntos políticos, conduce a los ciudadanos a entender que el único medio de participación que les queda son las vías de hecho.

¿Por qué es tan atractiva la política de protesta? En un sistema político que le cierra las puertas al ciudadano corriente las palabras de Abraham Lincoln sobre lo que define una democracia – “el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo” – no son otra cosa que mera retórica; y es en ese mismo sistema donde los caminos elegidos por la ciudadanía para reincorporarse, para recuperar su ámbito público – político son los que les puedan otorgar el cumplimiento de objetivos inmediatos y la satisfacción de intereses personales. “[Los ciudadanos…] emplean la protesta para conseguir lo que piensan que pueden obtener. La gente no siempre busca los beneficios personales, pero el descontento con la política tradicional parece darles una razón para obtener ‘lo que queremos’… con frecuencia la gente opta por los medios que, según ve, obtienen resultados”

Entender de tal forma la política incluye otorgarle un sinónimo de guerra; a pesar que el espíritu democrático pretende ser la negación de toda violencia para obtener fines políticos, la degeneración del espíritu democrático y la permisividad con los representantes vuelve a incluir en la esfera política a la violencia, en sus diversas formas e intensidad. Pese a la efectividad de la política de protesta, el mero hecho de que la gente se vea obligada a recurrir a estos mecanismos habla de cuan débiles son las instituciones y de cuanto han olvidado los representantes políticos su función indispensable de servidores públicos.

El que la gente deba unirse para declararle la guerra a los “profesionales de la política” y a estas instituciones que les han dado la espalda es un acto que afecta sobredimensionadamente a la democracia, a los individuos mismos en cuanto al concepto de participación política que generan y aunque es innegable la efectividad de tales medios, “la ciudadanía se siente descorazonada, incluso repugnada, de que la política haya llegado a tal nivel”

Tenemos entonces que las condiciones políticas han permitido la generación de estas manifestaciones violentas de la gente que malentiende la idea de participación, en gran medida porque ha sido despojada de sus demás ámbitos de participación, y además no han tomado ninguna decisión tendiente a modificar ninguno de los aspectos que sostienen en el tiempo las condiciones que tipificaron tales comportamientos; muy por el contrario han encaminado todos sus esfuerzos a reprimir violentamente esa última ratio de la política aumentando el descontento de la ciudadanía.

2.1. Los “piquetes”, las manifestaciones estudiantiles y las marchas… diversas formas de la política de protesta. Quizá ¿ilegales?, pero ¿ilegítimas?:
“La sabiduría convencional se equivoca al subestimar el profundo sentido cívico que permea todas las quejas y comentarios escépticos de la gente. Es la preocupación cívica la que lleva a los ciudadanos a luchar por un espacio en un sistema político donde parecen tener muy poco”  Tal vez esta introducción parezca insuficiente para justificar el uso indiscriminado de la violencia en la política, pero si entendemos esta ‘violencia política’ como el último recurso para la participación directa de los ciudadanos quizá pueda dejar abierta una pequeña puerta, no para justificar la violencia en sí misma si no, para justificar la creación de espacios políticos donde el uso de la violencia sea innecesario y reprochable.

Casos de política de protesta donde la violencia parecía ser el factor fundamental a la hora de la participación (y la violencia no necesariamente tiene que significar agresión física, aunque en estos casos era recurrente) los tenemos con la movilización de los corteros de caña en el valle, los bloqueos a la carretera panamericana y tomas de predios por parte de los indígenas del cauca, la unión de los estudiantes de universidades públicas en torno a las reformas en el sistema educativo… etc. El caso de los piquetes  en Argentina aglutina muchas de las manifestaciones anteriormente mencionadas y por lo mismo ahondaré en él.

Al igual que el resto de movimientos sociales en América latina, los piquetes surgieron de las condiciones sociales y económicas que enfrentan los países de la región, en gran medida propiciada por los malos gobiernos y la mala respuesta de la ciudadanía frente a los mismos. Al frente de tales movimientos se encuentran los excluídos no solo por el sistema económico, ampliamente inequitativo, sino también aquellos a los que el sistema político ha excluido o pretenden pasar por alto (curiosamente en Argentina, durante el gobierno Menem, fueron los ricos quienes salieron a la calle a protestar en contra del gobierno; este caso en particular explica como la política de protesta individualiza los objetivos de la comunidad)

“Cuando la opinión pública no puede o no quiere saber, cuando no quiere oír, irrumpir en ella, cortar su ‘normal’ desenvolvimiento y exponer la situación que se pretende silenciar y ocultar, resulta un método – a veces el único – válido para intentar modificarla”  Este tema de los piqueteros, que a pesar de llevar hasta los límites de la legalidad su actividad jamás perdieron la legitimidad, resulta perfecto para explicar esto último

El sistema político fallido al que me refería es la democracia representativa, que malentendida por esos ‘políticos profesional’, se ha alejado de la opinión ciudadana y de su consentimiento hasta para las más insignificantes decisiones. Haciendo uso oportunista e inmoral de los medios de comunicación arrancan el poder de las manos de la gente y lo acaparan para ellos, les quitan su espacio de definición social por excelencia y los condenan a perder lo más sagrado para un hombre según Aristóteles: su identidad política.

La política de protesta recobra para ellos una identidad perdida, un proyecto de sociedad; pero a pesar de ello no puede quedarse allí, pues defenderse de la violencia con más violencia es solo propio de sociedades primitivas, dueñas de sociedades amorfas… nosotros por el contrario poseemos una sociedad política claramente definida, la democracia participativa y deliberativa. Cuando comienza a funcionar la organización social en torno a objetivos comunes se están construyendo los cimientos para el fortalecimiento de un proyecto de educación política amplio y suficiente, que tenga en cuenta las diferencias reales de las personas, pero que use estas diferencias a favor de los menos favorecidos.

3. ¿Por qué no funciona la política de protesta en Colombia?
La eficacia y sobretodo la amplia concepción de ciudadanía sociedad que incluye la política de protesta se pierde cuando la analizamos a la luz del contexto particular de nuestro país. La falta de comprensión y las prevenciones entre movimientos sociales, la falta de un programa común, de un proyecto de ciudadanía; sumadas al contexto de violencia (asesinatos y persecuciones) además de la criminalización radical de esta clase de posturas por parte del estado, asfixia toda posibilidad de que un movimiento cívico de una magnitud tan grande como los que se generaron en Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador o Venezuela.

Los movimientos sociales han perdido toda su credibilidad y los nexos que los comunicaban no solo entre ellos sino con la sociedad, su arrogancia los llevó a despreciar a esa suerte de ‘masas alienadas’ creyendo que solo ellos debían conducirlos hacia mejor. Han fallado radicalmente en generar procesos de educación y participación activa, han fallado con mayor intensidad en la construcción de un proyecto nacional que supere lo hecho en su momento por los jóvenes que impulsaron la séptima papeleta; y la constitución proveniente de ese primer intento de unificación ha pagado caro las consecuencias de ese abandono.

“Lo nacional emerge aquí como un tema central, aunque sin confundirse – como temen algunos – con el nacionalismo de mediados del siglo pasado. [Para eso] resulta clave tener en cuenta dos elementos: Repensar la soberanía y la propia existencia de la nación sobre nuevas bases y nuevos paradigmas, [y tener claro que] la soberanía solo puede levantarse y defenderse hoy articulada indisolublemente en lo regional, continental e internacional global, con nuevas formas de existencia y desarrollo”

4. ¿Qué es lo que falta?¿Cómo lograrlo?:
El proceso democrático y por ende la norma de la mayoría se fundan en una premisa ideal, la igualdad ante la ley, esta idea haría las veces de condición a priori para la participación política y por otro lado cumpliría con la labor de proteger los derechos fundamentales sobre los cuales cualquier democracia real trata de sostenerse libertad, igualdad y autonomía.

El proceso democrático de Dahl supone que la totalidad del demos (la población políticamente capaz) posee una amplia y suficiente formación en los asuntos que incumben a la sociedad en pleno además de la capacidad y un enorme e intachable sentido de responsabilidad por la participación en la toma de decisiones concluyentes. Todo lo anterior no toma en cuenta la diferencia abismal que se produce al comparar dichas condiciones con el ejercicio real de la democracia en donde, en muchas ocasiones, la desigualdad real se traduce igualmente en desigualdad ante la ley, dependencia e imposición de normas por terceros (semi-tutelaje o representación).

El proceso democrático tal cual lo concibe Dahl supone ciudadanos altamente instruidos en política, con altos niveles de educación y cuyo razonamiento solo está alienado por su bienestar y derecho a la autodeterminación (claro que ese bienestar personal casi siempre gira en torno a la idea de bien común), pero ¿qué sucede cuando la idea personal de bien no corresponde a la idea de bien común?¿cuál puede ser el número tolerable de “extraños y diferentes”?¿Es posible hablar en verdad de pluralismo en las democracias reales?

La desigualdad formal existe en las democracias reales, y ese es el punto en el que quiero detenerme para analizar algunos de los problemas más fuertes que enfrentan los individuos que se ubican dentro de los grupos denominados minorías en la democracia; aunque como lo decía anteriormente uno de los grandes pilares de la democracia, aun en Dahl, es la autodeterminación, pero es posible que esta “libertad para obedecer las reglas que uno mismo se dicta” sea indeseable en tanto se opone al statu quo, o invita al individuo a llevar a cabo un proceso de diferenciación respecto a lo que se entiende por normal o aceptable dentro del orden social.

Escapando un poco a esta clase de ciudadano indeseable existe otro problema, a mi juicio mucho mayor en la medida que implica concepciones del ser humano instrumentalizadas, llenas de prejuicios y denigra moralmente de las personas no-productivas, es decir: el problema de los interdictos.

Usaré este problema para referirme a la desigualdad jurídica como manifestación de la desigualdad real ya que a estos individuos se ven limitados o impedidos para reclamar por ellos mismos la protección de sus derechos y el desarrollo pleno de los mismos, a esta clase de problemas se refiere Martha Nussbaum  cuando critica la concepción materialista del hombre, esa misma concepción que niega todo vinculo primario con la sociedad y el deber que ella tiene de reconocer para nosotros el uso y la posibilidad de potenciar ciertas cualidades propias de todos los seres humanos. Alejándose de la tradición contractual El enfoque de las capacidades es una doctrina política acerca de los derechos básicos limitada a especificar algunas condiciones necesarias para que una sociedad sea mínimamente justa para todos los ciudadanos. Estas condiciones mínimas se entienden como un conjunto de capacidades que facultan el desarrollo de la dignidad humana como una posibilidad de maximizar el beneficio individual mediante la plena realización del otro.

Según Nussbaum, la idea del beneficio es el elemento central de la tradición contractual, pero lastimosamente este beneficio se entiende como la persecución de los fines individuales y la satisfacción de necesidades que muchas veces tienen más que ver con cuestiones personales, casi egoístas, que el bien común; ella critica la no inclusión de las capacidades en el momento que tiene lugar la “posición original”  pues esto facilita las condiciones de injusticia y discriminación en contra de aquellas personas en situación de discapacidad parcial o total. Para el grave problema que representan los interdictos en la toma de decisiones concluyentes sobre temas de primera importancia la propuesta de Nussbaum resulta ser un interesante complemente para Dahl.

La devolución del estatus jurídico de persona a los interdictos mediante la posibilidad real de crecer en el uso y desarrollo de las capacidades con las que cuentan además de no tener que preocuparse por cubrir el espacio que dejan esas necesidades básicas que no poseen es afín a la idea de demos altamente educado y plenamente participante de Dahl. El enfoque de las capacidades apunta a garantizar la independencia absoluta (o por lo menos optimizar la condición de independencia relativa) de aquello individuos que se encuentran en desigualdad de capacidades, así es posible dejar de  lado la pregunta por los recursos que se poseen o son necesarios para preguntarse por las capacidades reales de los individuos y lo que obstaculiza su desarrollo para pasar a preocuparnos por las acciones que se han de seguir para aliviar la desigualdad original; todo lo anterior va muy de la mano con lo que me atrevería a nombrar la teoría de la educación política para la Democracia de Dahl.

Y es que arrebatarle a estos individuos sus derechos es hacerlos plenamente dependientes de terceros, y no es posible recrear argumento alguno plenamente convincente para justificar que las decisiones importantes que habrán de afectarlos determinante mente sean tomadas por otros ajenos a su realidad.

Con esa pequeña brecha de igualdad ante la ley es posible analizar el problema con el que inicié esta parte: la imposibilidad de incluir las diferencias en lo homogéneamente político y no solo eso sino la negación de la diferencia amplia en la convivencia social… ese si que es un gran problema.

5. Conclusión:
Recobrar el espacio de participación perdido por años de permisividad con instituciones mediocres y representantes amorales e irresponsables se asemeja en mucho con la idea de devolver la plenitud de derechos a los sujetos ‘interdictos’; pues solo de esta forma se puede lograr plenamente el desarrollo de una buena práctica democrática, lejos de las anómalas poliarquías actualmente existentes. A pesar de que la recuperación de este vital espacio de una política del pueblo, por el pueblo y para el pueblo incluye el uso de las vías de hecho, es de recordar que no se debe detener allí pues la violencia jamás puede ni debe de tener un estatus de legalidad.

Aunque estos movimientos de política malentendida llevan la práctica política a sus límites mínimos, es de entender que nunca pierden su legitimidad pues expresan el deseo de una multitud de minorías, o de una mayoría pluralmente constituída que se obliga a tales prácticas porque identifica fallas estructurales de gran magnitud en su sistema político. Sobra recordar que tales movimientos han logrado establecer procesos legales y legítimos como derrocar malos gobiernos restaurando procesos democráticos (Ecuador y Argentina) o llevar al poder a uno de sus miembros (Brasil, Ecuador y Bolivia)




Bibliografía:

1.    DAHL A., Robert. La democracia y sus críticos. Ediciones Paidós. Buenos Aires 1993
2.    MATHEWS, David. Política para la gente. Biblioteca Jurídica Diké. Medellín – Colombia. 2004
3.    RAUBER, Isabel. La argentina de los piquetes: cerrando el paso, abriendo caminos. Documentos DESDE ABAJO, Bogotá. 2003
4.    NUSSBAUM, Martha. Las fronteras de la Justicia, consideraciones sobre la exclusión. Ediciones Paidós Ibérica, 2006